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Miembros de la Confederación de Trabajadores de Jubilados del Perú pidiendo justicia.

Jubilada peruana: “He luchado toda mi vida y voy a seguir luchando por una pensión digna”

Rosa Castro Barreto tiene 93 años y es una de las jubiladas que desde hace 32 años reclama por una pensión digna. Aunque la Corte Suprema les dio la razón, la exigencia del Tribunal Constitucional de presentar un padrón ha imposibilitado el cumplimiento de la sentencia y el posterior cobro. Solo este año dos jubilados fallecieron a la espera de una respuesta, uno de ellos solía portar un cartel en el brazo que decía '¿moriremos sin justicia?'.

Publicado: 2020-12-30

Sus manos temblorosas y su mirada taciturna no expresan la fortaleza que mantiene Rosa Castro Barreto, quien a sus 93 años continúa a la espera de una pensión digna. Y es que hace 32 años el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) dejó de pagar a miles de jubilados los incrementos trimestrales por reajuste de pensiones que establecía la Ley 23908, y que consideraba el costo de vida y la inflación. “Se dejó de cumplir en el gobierno de Alan García”, recuerda Martín Olivares Lazo, apoderado legal de la Confederación de Trabajadores de Jubilados del Perú. 

Pese a que la Corte Suprema declaró fundada la acción de amparo interpuesta por la confederación contra el IPSS, para que reconozcan las pensiones de jubilación con los reajustes trimestrales, a la fecha se ha hecho inviable el cobro. La principal traba que tiene la confederación es que el Tribunal Constitucional les ha exigido la presentación de un padrón de sus agremiados. “Ellos saben que el padrón no existe porque la confederación está formada por bases, la base de Ica, de Huancayo, no por jubilados'', explica. Y continúa el abogado, “he pedido que se puede volver a empadronar, pero a todo dicen que no”. 

Fuentes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) afirmaron que no se ha procedido con el pago debido a que no se ha podido identificar a los beneficiarios de la sentencia. “No se trata de una negativa al cumplimiento de una sentencia, sino que para ejecutarla el Tribunal Constitucional ha requerido a la Confederación que presente el padrón de sus agremiados a la fecha de la presentación de la demanda (sentencia agosto del 1991)”, explicaron. Además, aún existiera el padrón el reajuste trimestral de las pensiones "está condicionado al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática", agregaron las fuentes.

Para Olivares el requisito del padrón es innecesario ya que la ONP tendría identificado a los jubilados que serían beneficiados con la ley —276,518 pensionistas, de los cuales 440 pertenecían a la confederación, ya que solo alrededor de 100 siguen vivos— y el monto que les corresponde a cada uno, gracias a una pericia contable que hizo el 18vo Juzgado Civil de Lima. La pericia concluyó que el IPSS adeudaba a los pensionistas la suma de S/2,012.3 millones.

Respecto a la sentencia del TC del 2003 que considera que el juez ejecutor de la sentencia debía adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva, "entre ellas, desde luego requerir a la confederación para que presenten su libro de registro de asociados”, Olivares sostuvo que se planteó la presentación del padrón como una alternativa, más no como una condición para la ejecución de la sentencia. Anotó que fue la Sexta Sala Civil la que, tras anular sus propias sentencias, habría condicionada la ejecución de la sentencia a la presentación del padrón. 

Extracto de la pericia contable, donde se determina pensionistas beneficiados.

"Es lamentable que un juicio ganado a favor de todos los jubilados de la República sea modificado e interpretado a favor de la ONP, y no a favor de quien realmente ganó y merece el derecho a su pensión digna", dijo Martín Olivares Lazo, apoderado legal de la Confederación de Trabajadores de Jubilados del Perú.

LLEGAR A LA VEJEZ SIN UNA PENSIÓN DIGNA

“Me genera mucha tristeza no haber recibido la pensión que me corresponde. Ojala que Dios escuche mis ruegos. He luchado toda mi vida y voy a seguir luchando por una pensión digna”, manifiesta con una voz inquebrantable Castro. Ella trabajó durante 36 años en la compañía Textil Algodonera, diligentemente se encargaba de hacer conos de hilo. “Sabía hasta hacer las cosas de mecánico, cuando la máquina se malograba y el mecánico estaba en otra sección yo le pedía por favor sus herramientas para continuar trabajando”, recuerda.

Rosa Castro Barreto tiene 93 años y está a la espera de una pensión digna.

Empezó a trabajar a temprana edad y realizó en más de una ocasión horas extras, pensando que así tendría en su vejez una pensión digna. “Me dedique por completo al trabajo. He trabajado domingos, feriados, incluso vacaciones. He trabajado horas extra de 7 de la mañana a 9 de la noche. Empecé a trabajar a los 19 años y me jubile a los 55 años. Yo esperaba una pensión justa al jubilarme”, sostiene Castro.

A sus 93 años, Castro expresa que siente tristeza y angustia por la espera de una pensión digna. Recuerda que muchos de sus compañeros han fallecido en los últimos años, dos de ellos murieron este año: Alejandro Barrera Pérez, quien solía llevar en brazos un cartel que decía '¿moriremos sin justicia?', y Juan de Dios Camarena Benito. También hay jubiladas que están muy mal de salud, como María Fredesvinda López de 101 años “Hay varios compañeros que ya no están. No hay justicia. Todos los gobiernos pasan y ninguno cumple con el derecho que nos corresponde”, afirma Castro.

De izquierda a derecha, Alejandro Barrera Perez y Juan de Dios Camarena Benito fallecieron este año.

“Hay varios compañeros que ya no están. No hay justicia. Todos los gobiernos pasan y ninguno cumple con el derecho que nos corresponde”, afirma la jubilada Rosa Castro

La defensa legal de la Confederación de Trabajadores de Jubilados del Perú adelanta que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia. “Queremos que se le dé una solución a los que están vivos, legalmente existe la posibilidad”, expresa Olivares, quien incluso recurrió a la ley que permite a la ONP allanarse de oficio en los procesos judiciales en materia previsional, pero que en su caso no procede porque ya existe una sentencia. Mientras tanto, los jubilados continuarán aferrándose a la esperanza.


Escrito por

Miriam Romainville Izaguirre

Amante del cine, de la música y de la buena prosa. La UNMSM es mi alma máter y el periodismo es mi vocación.


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